El Gobierno prepara un código ético de IA obligatorio para cada universidad: qué se sabe y qué queda por resolver

Una obligación, no un manual

Desde abril de 2026 se sabe que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades trabaja en un Real Decreto de organización de enseñanzas universitarias que incorporará, por primera vez en España, disposiciones específicas sobre el uso académico de la inteligencia artificial. La noticia, avanzada por medios como Valencia Plaza y El Debate, y confirmada en declaraciones del secretario general de Universidades, José Manuel García Pascual, durante una jornada organizada por UNIR dentro de su monográfico «Universidad 2026», sitúa el debate en un terreno muy concreto: no se trata de redactar un reglamento minucioso, sino de obligar a cada universidad a adoptar su propio código ético o deontológico sobre IA.

García Pascual lo resumió con una frase que conviene retener porque marca el tono de toda la iniciativa: «no planteamos una regulación extensa de cientos de artículos, sino establecer unos principios» que permitan a cada universidad desarrollar sus propios mecanismos, apoyándose en su autonomía institucional. Es, en otras palabras, una norma que delega el detalle en quien mejor conoce su propio contexto: las universidades.

Cuatro dimensiones, un límite

Según la información disponible, el código ético que tendrían que aprobar todas las universidades debería cubrir cuatro dimensiones distintas: la actividad docente, el papel del estudiante, el funcionamiento institucional y la investigación. Es una forma de reconocer que la IA no entra en la universidad por una sola puerta —el aula— sino por varias a la vez: cómo enseña el profesorado, cómo aprende y se evalúa al alumnado, cómo funciona la gestión interna y cómo se investiga y se publica.

El Gobierno plantea, además, un límite conceptual que probablemente dará mucho que hablar: la creatividad humana como frontera infranqueable de la IA, tanto en la generación de conocimiento como en la evaluación de la madurez intelectual del estudiante. Es una idea atractiva sobre el papel, pero notoriamente difícil de trasladar a criterios operativos: ¿cómo se mide la «madurez intelectual» de un trabajo cuando su autor ha usado un asistente de IA para estructurar ideas, pero ha escrito él mismo cada frase? Esa es, probablemente, la pregunta que cada código ético universitario tendrá que responder a su manera.

El calendario y su incertidumbre

La propuesta se enmarcó, en abril, dentro de la expectativa de que el Real Decreto viera la luz en el Boletín Oficial del Estado antes de que terminara el curso 2025-2026. A fecha de esta publicación no hemos encontrado confirmación de que ese texto haya sido aprobado y publicado definitivamente, lo que sugiere que el proceso —como suele ocurrir con normativa de este calado— se ha alargado más de lo inicialmente previsto. Conviene, por tanto, seguir la pista a esta norma sin darla todavía por cerrada: su contenido final podría matizar, ampliar o precisar lo avanzado hasta ahora.

Qué significa esto para la CEU San Pablo

Más allá de la anécdota regulatoria, esta iniciativa tiene una lectura directa para cualquier universidad que, como la nuestra, esté ya trabajando en su propio marco de integridad académica. Si el Real Decreto se aprueba en los términos avanzados, tener un código ético de IA dejará de ser una buena práctica recomendable para convertirse en una obligación legal, y ese código tendrá que hablar tanto de exámenes y trabajos académicos como del uso institucional de estas herramientas y de su papel en la investigación.

Esto refuerza la lógica de abordar la cuestión, como se está haciendo, de forma global y no solo como un problema de vigilancia en el examen: la declaración de uso de IA en trabajos, la prevención del plagio, la política sobre dispositivos electrónicos en las pruebas presenciales y la cultura institucional alrededor de la IA son piezas de un mismo puzle. Y son, también, piezas que un código ético bien diseñado tendría que encajar de forma coherente, evitando tanto la prohibición genérica —difícil de sostener cuando el propio mercado laboral exige competencias en IA— como la permisividad sin criterio.

Una oportunidad para no partir de cero

Lo interesante de que la norma llegue ahora, y no hace dos años, es que existen ya referencias de las que aprender: universidades españolas como la Complutense, la Carlos III o la Rey Juan Carlos han adoptado, cada una a su manera, políticas propias sobre IA en la docencia y la evaluación —de eso hablaremos con más detalle en el próximo artículo de esta serie—. El futuro código ético de cada universidad no tendrá que inventar el terreno, sino elegir, entre los modelos ya ensayados, el que mejor encaje con su propia realidad académica.